Cannabis, medio ambiente y la pobreza

 

  El 'hashish' que circula en España viene de Marruecos, más precisamente de la región del Rif. Hasta aquí, ninguna novedad. Menos se sabe de los estragos ecológicos causados por el monocultivo del cannabis: erosión del terreno, agotamiento del suelo, deforestación. En sólo dos décadas la superficie forestal disminuyó un 40%. ¿Responsables? Los pequeños campesinos que han encontrado en la marihuana una salida a la mísera agricultura de subsistencia. Tenemos aquí una cuestión ambiental crucial: ¿cómo conciliar el cuidado del bosque con el bienestar de la población rural?

 

Marruecos alberga la superficie boscosa con mayor biodiversidad del norte de África; un activo que está siendo degradado por la búsqueda de tierras para plantaciones de kif (el nombre marroquí del cannabis). Hasta los años ‘50, su cultivo era legal y el Estado tenía el monopolio de compra y distribución de una producción acotada por la tradición y una geografía poco accesible. Eso cambió por completo al transformarse el hachís en mercancía exportable. Hubo un boom: de las 25.000 hectáreas cultivadas a comienzos de los ‘90 se pasó a las 60.000 actuales, de las que depende el 60% de los rifeños.

"Para el productor el cannabis supone un ingreso anual de 21.000 dirhams (unos 2.000 euros)", señala Mofadal El Merziguioui, de la 'Association Talassemtane pour l’environment et le developpement (ATED)'; una cantidad muy superior a la que perciben por el trigo o las aceitunas. Pero ese ingreso no está asegurado. La moda europea del cultivo doméstico de maría ha reducido la demanda de costo marroquí, provocando una bajada de precios que los campesinos intentan compensar con más producción (dos cosechas anuales), lo cual redunda en mayor degradación ambiental.

En Marruecos los bosques pertenecen al Estado. Esta titularidad les mantiene a salvo de latifundistas proclives a arrasar el arbolado para plantar soja o chalets adosados; en contrapartida, no contempla las necesidades acuciantes de las miles de familias campesinas radicadas en su entorno. La ley prevé multas pesadísimas para quien corte leña o desmonte. A las sanciones les sigue un aumento de los incendios forestales, la "venganza" contra la represión estatal. La situación  recuerda a la de los cocaleros bolivianos y su disyuntiva entre el hambre o el cultivo de una planta perseguida....

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